Túnez después del 25 de julio de 2021

Naima Hammami  // Secretaria General Adjunta de UGTT a cargo del Departamento de Relaciones Internacionales, árabes y Migración

El establecimiento del Estado de Derecho, un pilar para la reforma social y económica que no se puede ignorar.

Para destacar las medidas tomadas por el presidente de la república el 25 de julio del 2021, hay que recordar el estado de caos que lo precedió. De hecho, el Parlamento se había convertido en una plaza de toros donde unos provocaban a otros para continuar el espectáculo y recoger más adeptos. En este contexto, la UGTT, desde noviembre de 2020, había presentado una iniciativa de diálogo entre los distintos grupos implicados para desbloquear la ingobernabilidad a la que había llegado el Parlamento tunecino.

Esta iniciativa pretendía reducir la brecha entre el Jefe de Gobierno, el Sr. Hichem Mechichi, apoyado por una coalición parlamentaria con apenas mayoría, frente al Presidente de la República, Sr. Kais Said, ampliamente apoyado por una población desilusionada pero aún paciente.

El comunicado del 25 de julio por parte de Kais Saïd, en que suspendía la actividad del Parlamento y cesaba al jefe de gobierno, puso fin de forma contundente al bloqueo e ingobernabilidad acumulada a lo largo de los últimos meses.

Las medidas que establece la Constitución, según su artículo 80, le otorgan claramente al Presidente de la República la posibilidad de dirigir los trabajos del Gobierno así como los del Parlamento por un período renovable de 30 días, renovación condicionada por el dictamen del Tribunal Constitucional, un Tribunal que no se ha llegado a constituir aun ser mandato de la Constitución del 2014 precisamente por las sucesivas  razones partidistas y cuestiones políticas entre los partidos representados en la Asamblea de los Representantes del Pueblo.

En este caso, la interpretación de la constitucionalidad de las prerrogativas corresponde al Presidente de la República, lo que le permitió prorrogar las medidas excepcionales por un periodo indeterminado y promulgar el decreto 117 por el que el Presidente pretende avanzar hacia un referéndum sobre el régimen político deseado por el pueblo tunecino.

En la misma línea, si de algo está segura la UGTT en Túnez es de la necesidad de salvaguardar el proceso democrático y de reforzarlo para sentar las bases del Estado de Derecho. Esto se debe a la convicción de este sindicato histórico, tan anclado en la memoria nacional como la lucha por la independencia y tan diverso en sus componentes como la población tunecina, de la importancia de vivir en un Estado de Derecho para todas las tunecinas y tunecinos si queremos conseguir un Estado próspero que garantice reformas sociales y económicas capaces de erradicar la pobreza y la ignorancia, de reducir las disparidades entre regiones y clases y de restaurar el valor del trabajo y de la producción responsable que tenga en cuenta los imperativos éticos y las cuestiones ecológicas.

Es por ello, que ante las decisiones tomadas por el Presidente, la UGTT elaboró, presentó y exigió al mismo una hoja de ruta que garantizara el respeto del derecho y la democracia a la ciudadanía durante todo este proceso de transición. La hoja de ruta consta de un decálogo en el que su primer paso es establecer un Gobierno de transición en diálogo con las organizaciones nacionales, y que en otros puntos destaca la importancia de luchar contra la corrupción y la inmunidad, enfrentarse a la crisis actual en que está sumergida la ciudadanía tunecina y terminar con el estado de emergencia cuanto antes. El decálogo planteaba el inicio de esta hoja de ruta antes de finalizar el mes de septiembre del 2021.

En estos últimos 10 años, la corrupción ha seguido formando parte del Estado y se ha hecho evidente un autoritarismo infiltrado pero latente. Esto ha llevado al país a vivir bajo la nueva era, que creíamos democrática y de prosperidad, con casos de asesinatos políticos aún no resueltos, una creciente radicalización de nuestros jóvenes hacia el yihadismo y terrorismo o un bloqueo del desarrollo socio económico y democrático prometido.

Desde la aprobación de la nueva constitución en 2014, no hemos visto una real implicación y voluntad política efectiva para mejorar las condiciones de las personas más empobrecidas, ni la implementación real de medidas para eliminar las violencias de género, especialmente las económicas o para con la juventud. Las socias internacionales apoyadas por las  organizaciones nacionales, la UGTT  y la sociedad civil tunecina es la que mayoritariamente ha hecho el esfuerzo para hacer realidad los principios de la Constitución del 2014 mientras los titulares de obligación de ello se disputaban las sillas.

Toda esta situación, que se ha hecho insostenible para la ciudadanía, también se ha ido convirtiendo en insostenible para una gran parte de la opinión pública, intelectuales y fuerzas que impulsan la sociedad, incluso en el seno de los partidos representados en la Asamblea Nacional (113 funcionarios del partido Ennahdha dimitieron el 25 de septiembre de 2021 y señalaron claramente a la dirección de su partido como responsable de la situación del país y del aislamiento de su movimiento). Esta visión ha sido compartida por las organizaciones nacionales, entre ellas la UGTT, que ha recordado en repetidas ocasiones a la clase política su obligación de poner fin a las disputas políticas y de que prevalezca el diálogo para servir a los intereses comunes para los que los representantes han sido elegidos.

La movilización popular del 25 de julio de 2021 por parte del pueblo tunecino constituyó el inicio de una agitación social y política que podría haber amenazado el orden público y la seguridad si el Presidente no hubiera intervenido para poner fin al caos que reinaba en forma de operación pseudodemocrática, ya que la democracia no solo consiste en organizar elecciones cada cinco años y cambiar de vez en cuando de jefe de gobierno, sino en la buena gestión de los fondos públicos para servir a las necesidades reales de la ciudadanía.

La represión de las protestas no era factible, no cuando la historia de la democracia actual de Túnez se crea con y para el pueblo, y éste ha perdido toda confianza en sus líderes por no responder a sus necesidades y llegar a promover el bloqueo del sistema que les debe proteger. Así que la mayoría de la población tunecina desprende júbilo ante las medidas optadas por el Presidente, evocando esperanza en él y sus próximos pasos para reconducir el tren de la democracia prometida.

Creemos, una vez más, que nuestro destino es común, y que el diálogo debe prevalecer y que la libertad no debe ser negociada. Al mismo tiempo nos preocupa la situación económica del país, gangrenada por la corrupción y de la que los y las trabajadoras y las clases más desfavorecidas están pagando el precio, pero también los y las pequeños comerciantes, empresarias y artesanas que han visto su situación deteriorada, especialmente por la pandemia del COVID19.

Como siempre tendemos la mano, y consideramos que nuestro papel de intermediación social es aún más importante en estos momentos en los que la ruptura de las clases populares con la clase política no tiene precedentes. Debemos aprovechar esta oportunidad, por dura que sea, y restablecer el orden y la verdad, porque la única vía de desarrollo del país es la promoción de una verdadera democracia basada en un contrato social renovado con reglas claras y respetadas por todos los actores y que conduzca a la instauración del Estado de Derecho en Túnez

Mientras terminamos de escribir estas líneas, el Presidente de la República acaba de nombrar Jefa de Gobierno a Najla Bouden, la primera mujer que ocupa este puesto en la historia del mundo árabe, cumpliendo así los plazos acordados en el decálogo propuesto por la UGTT. Este movimiento supone una revolución en el seno de las rémoras tradicionalistas y patriarcales que filtran nuestra sociedad, parece un paso consciente y público del compromiso que el país debe adquirir para garantizar que las mujeres disfruten de sus plenos derechos en una sociedad justa e igualitaria. ●

Fotografía: Najla Bouden, Jefa del Gobierno Tunecino y Kais Said, Presidente de la República