Reactivación del proyecto de salud sexual y reproductiva financiado por el Ayuntamiento de Burgos
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que, para El Salvador, a seis meses del confinamiento con interrupción moderada de los servicios de salud, al menos 53.000 mujeres no podrían utilizar métodos anticonceptivos modernos y se tendrán, por lo menos, 11.485 embarazos no planeados. A junio de 2020 se registran 258 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 6.581 en el grupo de 15 a 19 años.
Esta realidad muestra la necesidad de abordar la violencia sexual en las políticas de seguridad ciudadana para atender esta problemática que es normalizada, por ejemplo cuando se minimiza la magnitud numérica o de las secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, cuando se culpabiliza o responsabiliza a las mujeres como causantes de los hechos por su manera de vestir u otras conductas; o se utilizan expresiones cotidianas que minimizan las violaciones o cualquier hecho de violencia contra las mujeres.
Informes del Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), indican que el 50 % de las situaciones de violencia sexual ocurren en el domicilio particular, por tanto, el confinamiento no solo implicó mayor exposición a la violencia, especialmente la sexual, sino que se sumaron otros riesgos como las infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados y suicidios por motivación de sometimiento a la violencia sexual.
La Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) es una organización con la que ACPP está desarrollando el proyecto “Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y acceso a servicios públicos de salud de calidad, especialmente de la sexual y reproductiva, en el Municipio de Jiquilisco, Bajo Lempa, El Salvador”, financiado por el Ayuntamiento de Burgos. Esta intervención ha permanecido prácticamente suspendida en los peores momentos de la pandemia, pero APROCSAL ha seguido atendiendo a las mujeres y niñas de las comunidades beneficiarias, sabiendo de los riesgos a los que estaban expuestos durante el confinamiento. De esta forma, en coordinación con las autoridades sanitarias, se han estado haciendo visitas domiciliares con todas las precauciones necesarias en las que, además de proveer de kits básicos de salud, higiénicos y alimenticios, se ha podido conversar con las mujeres para conocer su estado anímico y recordarles los recursos públicos y de la sociedad civil disponibles en caso de que estuvieran sufriendo ellas o sus hijas algún tipo de violencia.
Recientemente se ha reactivado este proyecto que financia el Ayuntamiento de Burgos, a través del cual se quiere mejorar el disfrute del Derecho a la Salud, incidiendo en la capacidad de articulación e incidencia comunitaria para la mejora del acceso de 525 personas (473mujeres y 52 hombres) a unos servicios públicos de SSR en el municipio de Jiquilisco. Así, se reforzará la red de promotoras de salud de 10 comunidades con la formación en SSR de 20 lideresas; se apoyarán los servicios públicos de detección y tratamiento básico de cáncer de cérvix para 400 mujeres; se crearán 10 comités del Foro Nacional de Salud, que recibirán una formación para poder realizar un seguimiento e incidencia sobre los servicios de salud; se mejorará la incidencia de las ONG que conforman la Mesa de SSR del Foro Nacional de Salud para el cumplimiento del Derecho a la Salud de las Mujeres. El proyecto tiene un presupuesto total de 79.619,35 euros, de los cuales 61.132,60 euros son aportados por el consistorio burgalés.
