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ACPP desde 1990
B O L E T Í N
lo que hacemos mes a mes
contra la desigualdad, redistribución
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8,9/2016 Actividades de julio y agosto
problema no es si queremos aborto o no, sino
que hay problemas de salud pública, ese es el
marco donde se pueden discutir
.”
Vista desde cualquier punto, es una propuesta
encaminada a la criminalización absoluta de las
mujeres y a la negación de derechos fundamen-
tales como el acceso adecuado a la salud sexual
y reproductiva. Pretende el aislamiento de las
mujeres cortando todas las redes de apoyo que
van desde el entorno, el personal médico y sani-
tario, hasta la propia sociedad civil feminista
que puede ser vista como promotora del abor-
to. Además, la propuesta es tan represiva como
inútil ya que el Ministerio de Salud estima que
más de 19.000 abortos se han llevado a cabo
clandestinamente desde la reforma de 1997 y,
de estos, un tercio fue practicado a adolescen-
tes.
Sara García, de la misma ACDA, manifiesta que
“
definitivamente, como organizaciones sociales,
como mujeres, nos indigna que estén presentan-
do propuestas alejadas de la realidad concreta
que enfrentamos las mujeres. No puede ser que
hoy en día, en este siglo, sigamos enfrentando
estas posturas que tienen un carácter misógino,
un carácter violatorio de derechos humanos en
definitiva
”.
Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña
entre las que se encuentran la Organización de
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la
Asociación de Promotores Comunitarios Salva-
doreños (APROCSAL) están realizando manifes-
taciones de diferente índole exigiendo el retiro
de la propuesta de ley por parte de la derecha.
En el pasado mes de agosto, ORMUSA y
ACPP
organizaron en San Salvador un seminario cen-
troamericano sobre violencia institucional en el
marco del proyecto “Promoción de la igualdad y
de una vida libre de violencia de género en el
Salvador”, financiado por la
Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo
, y en el que se abor-
daron la prohibición del aborto como un ejem-
plo de agresión de los estados hacia las mujeres
y niñas.
ACPP,
junto a más de 70 organizaciones interna-
cionales de la sociedad civil y defensoras de
los Derechos Humanos, condenamos la pro-
puesta del partido ARENA. En concreto, denun-
ciamos la lamentable propuesta de elevar las
penas criminales de aborto de 30 a 50 años de
cárcel y la propuesta de aumentar las sanciones
contra el personal médico y otros que sean sos-
pechosos de infringir lesiones a la vida prenatal,
en el ejercicio de su profesión o a quienes abier-
ta o veladamente anuncien procedimientos,
medicamentos, sustancias y objetos destinados
a provocar abortos.
Desde abril de 1997 el artículo 1º de la Constitu-
ción Política de El Salvador “
reconoce como per-
sona humana a todo ser humano desde el ins-
tante de la concepción
”. De esta forma quedaba
totalmente prohibido cualquier tipo de inte-
rrupción voluntaria del embarazo en el país cen-
troamericano, incluyendo el terapéutico
(embarazo con riesgo para la vida de la madre)
y/o eugenésico (certeza de enfermedad seria
del feto), o incluso en el caso de violación. La
concreción penal que establece la legislación
vigente en El Salvador otorga una pena a la per-
sona acusada de cometer aborto de entre 2 y 8
años de prisión. Sin embargo, también el código
penal recoge agravantes que pueden hacer que
el delito pase a ser considerado homicidio agra-
vado, con penas que van hasta los 50 años de
prisión.
Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana
por la Despenalización del Aborto (ACDA) resal-
ta que “
actualmente, la legislación salvadoreña
penaliza de forma absoluta el aborto: si está en
riesgo la vida de las mujeres, si está en riesgo la
salud, si el feto no tiene probabilidades de vida
extrauterina, o si el embarazo es el resultado de
una violación sexual. No hay ninguna posibilidad
de realizarse un aborto legal. Si un médico con-
sidera que para salvar la vida de su paciente ne-
cesita interrumpir el embarazo, tiene las manos
amarradas, esa es la legislación actual
.”
Sin ser suficiente esto, la fracción legislativa de
la derechista Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA) pretende que la Asamblea Legislativa
debata modificación del artículo 133 del Código
Penal, para
aumentar “
de 30 a 50 años
" de pri-
sión los castigos para quien provoque o con-
sienta un aborto
, equiparando la pena por
aborto con la de homicidio agravado en los ca-
sos en que éste es cometido por un familiar, por
autoridad civil o militar, "
con ensañamiento
",
por remuneración o cuando "
fuere motivado
por odio
". Otra de las reformas que propone
ARENA es al artículo 373, relacionado con la
venta de abortivos. “
El que ilegalmente vendiere
o en cualquier forma suministrare otra sustancia
o productos que sirvan especialmente para pro-
vocar abortos, será sancionado con prisión de
uno a tres años
”, reza la propuesta.
Según Herrera, “
nosotras estamos exigiendo a
las instancias de salud, tras colaborar con ellas,
para que vean la evidencia de lo nefasta que es
la actual legislación y que tomen medidas. Cree-
mos que la Asamblea Legislativa tiene que de-
batir, pero en otro marco, no en el marco que
actualmente está planteando ARENA. Aquí el
Paremos la criminalización de la mujer en El Salvador
Ignacio Baeza // ACPP El Salvador