La importancia de la organización campesina en las protestas de Guatemala
Jimmy Morales, un encandilador de masas “showman”, ha sido el vencedor de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales celebradas el pasado 6 de septiembre en Guatemala con una participación del 70%. Morales, conservador con discurso populista y representante del partido Frente de Convergencia Nacional, creado por reconocidos ex militares, ha logrado superar al máximo favorito Manuel Baldizón (LIDER) y a la candidata socialdemócrata Sandra Torres (Unidad Nacional por la Esperanza, UNE). Será esta última quien, salvo un vuelco de la tendencia, concurrirá en la segunda vuelta a celebrarse el próximo 25 de Octubre.
En estos momentos, Guatemala está viviendo tiempos convulsos, complicados y apasionantes. Desde hace varios meses se suceden en la capital manifestaciones en las que se unen diversas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones culturales, e incluso gremiales empresariales. También en el ámbito rural las organizaciones que aglutinan al campesinado organizan numerosas acciones de paralización vial. En ambos casos se pedía mucho más que la renuncia del actual presidente ultraderechista Otto Pérez Molina, del Partido Patriota.
Estas muestras de indignación son el magma de un volcán que desde hace ya demasiado tiempo tenía demasiados visos de reventar, y es que la crisis desatada en Guatemala es una reacción contra la galopante corrupción e impunidad, y el deterioro sin precedentes del sistema político en general. Es un momento en que se está dando el debilitamiento más crítico de la gobernabilidad y la institucionalidad del Estado desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. El descubrimiento de fraude y desfalco de recursos en la Seguridad Social guatemalteca por parte de funcionarios nombrados personalmente por el Presidente, así como la denuncia de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (fiscalía) de la existencia de una red de corrupción que extraía recursos en el sistema aduanero guatemalteco, liderada por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y presumiblemente por el propio Pérez Molina, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva, terminaron por hacer que el gobierno de turno perdiese toda credibilidad y legitimidad.
El problema más inmediato es el resultado de las elecciones legislativas. Mientras que Manuel Baldizón ha quedado prácticamente descartado para disputar la presidencia de la república, su partido Libertad Democrática Renovada LIDER, sí ha obtenido la mayoría de los curules en el congreso. Precisamente este partido, en los últimos meses formó una alianza con el aún partido de gobierno, de tal forma que juntos en el congreso nombraron a personas cercanas a sus intereses en diferentes instancias. Se teme que con los resultados actuales y mediante la clásica y habitual compra de voluntades en el primer órgano del Estado, se garantice la impunidad de todo el sistema, incluyendo la de Otto Pérez y otros funcionarios acusados en la trama. De hecho, más allá de que el LIDER haya cedido a las presiones sociales, políticas (y de la embajada de EEUU en Guatemala) y, gracias a sus votos, el congreso haya quitado la inmunidad que tenía el Presidente, los tiempos parecen estar medidos para que esta opción se materialice.
Uno de los retos más importantes que enfrenta el movimiento social guatemalteco es la desigualdad estructural entre la urbe y el ambiente rural, así como la desarticulación que el campesinado acusa desde la guerra civil. La debilidad o ausencia de comités comunitarios de base y la falta de formación del campesinado es un lastre histórico, y están provocando que toda la energía de las ideas renovadoras pierdan fuerza a la hora de aterrizarlas en la población rural. Las organizaciones campesinas, aunque combativas, carecen del suficiente acompañamiento para mantener la intensidad de las acciones.
ACPP trabaja en Guatemala con la ONG Cooperación Regional y Proyectos de Desarrollo (CREPD) y la Asociación CRECER (ASOCRECER), quienes han actuado siempre en la línea de promover conciencia y formación a través de la formación y capacitación crítica de grupos y líderes, reconociendo las causas estructurales e históricas de la realidad del Estado, y con el objetivo de promover cambios profundos del sistema político imperante. Dentro de los proyectos que ejecutamos conjuntamente, tanto de acceso a agua potable como productivos, y siempre con población rural e indígena, se aprovechan los espacios de formación para incluir estas temáticas y fomentar el debate. La intención es fortalecer la capacidad de análisis e incidencia de las organizaciones comunitarias, así como fortalecer el liderazgo político juvenil.
Tanto CREPD como ASOCRECER se han sumado a las manifestaciones de estos meses, y están trabajando en las mesas de discusión de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, ente aglutinador de las diferentes tendencias, y que se encuentra en diálogo continuo con el poder judicial y el congreso para abordar el cambio legislativo profundo que necesita el país.
Natxo Baeza
Diego Díaz
ACPP
