La Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres de El Salvador.
Una plataforma para transformar la realidad.
Desde abril de 1997 el artículo uno de la Constitución Política de El Salvador “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Así pues, está totalmente prohibido cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo en este país centroamericano, incluyendo el terapéutico (embarazo con riesgo para la vida de la madre) y/o eugenésico (certeza de enfermedad seria del feto), o incluso en el caso de violación. La concreción penal que establece la legislación vigente en El Salvador otorga una pena a la persona acusada de cometer aborto de entre 2 y 8 años de prisión. Sin embargo, también el código penal recoge agravantes que pueden hacer que el delito pase a ser considerado homicidio agravado, con penas que van hasta los 50 años de prisión.
Desde entonces la agenda política tanto del partido izquierdista FMLN, ahora en el poder ejecutivo, como de los movimientos sociales, no habían puesto este problema en la primera línea de prioridades. Sin embargo, debido a las cifras que arroja una realidad social hostil para con las mujeres salvadoreñas, especialmente afectando a las capas más pobres de la sociedad (19.000 abortos ilegales e inseguros desde 1997 a la fecha, un tercio del total de los embarazos anules del país son en adolescentes, 1.400 niñas de entre 10 y 14 años embarazadas en 2015), personalidades de la academia, intelectuales, profesionales nacionales e internacionales, junto con un equipo del Ministerio de Salud, comenzaron a pensar y elaborar una estrategia para proponer una modificación legislativa que pudiese avanzar en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas. Sin embargo, esta información se filtró a los sectores más conservadores nacionales y en agosto de este año el partido derechista ARENA presentó una propuesta de modificación legislativa para aumentar de “30 a 50 años” de prisión los castigos para quien provoque o consienta un aborto, y entre otras medidas eliminar la píldora del día después, criminalizando a las mujeres y negando derechos fundamentales. Además pretende el aislamiento de las mujeres cortando todas las redes de apoyo que van desde el entorno, el personal médico y sanitario, hasta la propia sociedad civil feminista que puede ser vista como promotora del aborto.
Así pues ante esta situación todas las personalidades académicas, políticas y culturales antes mencionadas, junto a colectivos feministas y que luchan por el derecho humano a la salud, junto con otros sectores de la sociedad civil nacional e internacional nos unimos en torno a la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, una espacio que engloba a una veintena de organizaciones y plataformas que, preocupadas por la agudización de la criminalización de la mujer en El Salvador, sumaron fuerzas para llevar a cabo acciones coordinadas de incidencia política y concienciación ciudadana.
ACPP es una organización internacionalista que trabaja siempre por las transformaciones en la vida de las grandes mayorías de los países empobrecidos, siempre a través del fortalecimiento de la sociedad civil en cada uno de ellos. Sin embargo, al ser el problema de la violencia machista institucional una amenaza internacional y con una fuerza considerable, decidimos involucrarnos directamente y participar activamente en este espacio junto a nuestras organizaciones socias como son APROCSAL y ORMUSA.
Así, desde la formación de La Alianza se ha emprendido una campaña conjunta de comunicación y sensibilización para promocionar el debate en la sociedad salvadoreña sobre la necesidad de hablar y discutir sobre este tema visto desde la problemática que para la salud de las mujeres supone. Después de llevar a cabo actividades culturales, manifestaciones y numerosos foros en los que se contaba con el apoyo de la academia relacionada al asunto, el pasado martes 11 de octubre la diputada del FMLN Lorena Peña, acuerpada por el colectivo social, presentó en la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta que pretende incluir cuatro supuestos en los cuales el aborto no sería punible: en caso de grave riesgo para la salud de la madre; cuando sea un embarazo producto de una violación sexual; en caso de malformación del feto incompatible con la vida extrauterina; y menores de edad en los casos de violación y estupro. Esto, que aún desde la Alianza lo consideramos como insuficiente, sería un primer paso que ayudaría a aliviar la situación de vulnerabilidad que viven las mayoría de las mujeres de El Salvador.
