IDMAJ: cooperación sindical contra las violencias hacia mujeres y personas migrantes en Túnez.
Desde hace poco más de una década el Magreb está viviendo un aumento progresivo de su población ligado, entre otras cosas, a la llegada de personas migrantes. Gracias a su dinamismo socio-económico y su localización geográfica en uno de los principales corredores migratorios entre África y Europa, países como Túnez ya son un destino común para una buena parte de la migración subsahariana y magrebí. No siempre por elección de quien migra, sino también por el endurecimiento de la política migratoria europea que actúa como factor disuasorio y obstáculo para cruzar el Mediterráneo.
Esta creciente multiculturalidad se está convirtiendo en todo en reto para Túnez, donde, a pesar de los avances sociales y jurídicos en tema de promoción de los derechos, el nivel de desigualdad sigue manteniéndose alto, afectando sobre todo a mujeres y personas migrantes.
Aunque la mayoría de los ingresos en Túnez ocurren de manera regularizada, la dificultad de obtener una autorización para trabajar y su legislación restrictiva dificultan la contratación regular de personas extranjeras. Para ellas, pasar de una estancia regular a una irregular es muy común. Así como verse obligadas a recurrir al sector de la economía informal, o, peor, a redes criminales de tráfico o trata humana, con tal de encontrar una salida a una situación de estancamiento, con todas las consecuencias que esto provoca en términos de violaciones de sus derechos. No hay que rebuscar mucho para cruzarse con la historia de una mujer engañada con la promesa de un buen trabajo y finalmente explotada como doméstica, encerrada forzosamente en algún hogar. Y como esta, muchas más personas, que acaban convirtiéndose en la gasolina de una maquinaria socioeconómica que beneficia a pocos, explotando a la mayoría.
Se trata de hechos destacables en un país que acaba de vivir una revolución bajo el lema “revolución de la dignidad”, y que lucha por la defensa de la población tunecina en situación administrativa irregular en el extranjero, al mismo tiempo que guarda silencio respecto a los derechos del colectivo migrante en su propio territorio.
Destacar además que la instabilidad política de los últimos años, con consecuente disolución del parlamento el 25 julio 2021, una crisis económica sin precedentes, una nueva constitución que retrocede en derechos democráticos y de la sociedad civil hacia un modelo presidencialista sumado a las recientes elecciones con una escasa participación del 11%, además de las ya instauradas secuelas de la pandemia Covid19, deja la problemática del sector migratorio como una de las últimas prioridades del país.
Ante el vacío normativo y de acción estatal, es la sociedad civil quien ha tomado la iniciativa de prestar servicios que contribuyan a paliar esta situación y contribuir a la cohesión social. Se trata de organizaciones grandes y pequeñas, y cada vez más activas y visibles. Es en ellas que ha decidido centrarse la estrategia de ACPP de cooperación con el Magreb, al mismo tiempo que sigue haciendo incidencia para que los Estados de ambas orillas del Mediterráneo asuman su responsabilidad de proteger cada mujer y cada hombre residente en su territorio.
Es justamente este el objetivo del proyecto Idmaj, “inclusión” en árabe, una colaboración de cooperación sindical entre 5 organizaciones valencianas y tunecinas. Una palabra que remite a la puesta en marcha de procesos para garantizar la igualdad de oportunidades y recursos de todas las personas de forma plena en la vida social, cultural, económica y política de una sociedad.
Desde 2020 las entidades que lo componen han actuado en varios frentes. Por un lado se han fortalecido los Puntos Focales de Migración de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), principal sindicato tunecino, y las Antenas del Observatorio contra las violencias hacia las mujeres de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD), aumentando las competencias del personal técnico y su visibilidad social.
Paralelamente más de 50 personas migrantes han participado en cursos de aprendizaje lingüístico, de formación profesional regulada, y de desarrollo empresarial, promovidos por la Asociación para el Liderazgo y la Democracia Africana (ALDA).
Desde España, el personal de los Centros de Información a la población Trabajadora Extranjera en España (CITES) de Comisiones Obreras ha apoyado este proceso gracias al intercambio con los Puntos Focales compartiendo sus conocimientos sobre acompañamiento sindical a personas migrantes. Al mismo tiempo, ACPP y la Fundación Pau i Solidaritat, junto con la UGTT, se han encargado de hacer llegar las reivindicaciones de la población migrante y de las mujeres trabajadoras del hogar en Túnez a la Unión Europea, para que la Agenda Mediterránea sea un instrumento real de protección y reconocimiento de sus derechos.
Esta red de colaboración mediterránea ha tenido su culmine en un encuentro que tuvo lugar a finales de noviembre en Túnez. Más de 70 representantes del sector de la migración, provenientes de Túnez, Marruecos, Italia y España, se reunieron con la intención de establecer un plan de acción de incidencia política, para la adopción de políticas migratorias justas en el país magrebí.
El encuentro ha servido además para afianzar las alianzas en el seno de la red Red Sindical Migraciones Mediterráneas Subsaharianas (RSMMS), una de las redes más extensas de colaboración norte-sur del Mediterráneo entre organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de los y las migrantes trabajadoras.
El proyecto trae fuerzas del largo recorrido de trabajo de ACPP en el Magreb, especialmente en Marruecos, donde la colaboración con organizaciones locales de la sociedad civil en la promoción de los derechos del colectivo migrante lleva años impactando positivamente en la protección de sus derechos, con una fuerte mirada interseccional. El trabajo realizado en Tánger y Nador, zonas fronterizas y dónde la vulneración de los derechos del colectivo es flagrante, ha sido y sigue siendo un eje prioritario para ACPP en la región.
La importancia, y la urgencia, de seguir trabajando en este sentido han empujado además a ACPP a replantearse su posicionamiento en cuanto a las políticas migratorias y sus efectos en el Mediterráneo. Es por ello que desde hace unos meses se está trabajando para la definición de un Plan Estratégico Regional de ACPP sobre Migración en el Magreb. El Plan verá la luz en los próximos meses, pero los buenos resultados del proyecto IDMAJ en Túnez y del resto de intervenciones en Marruecos apuntan a que se trata de una apuesta acertada, aunque quede mucho camino por recorrer.
ACPP lleva más de veinte años trabajando en el Magreb impulsando, en la etapa más reciente, un proceso de construcción de respuestas compartidas a problemas comunes. La apuesta es ahora trabajar para que la migración deje de ser un camino de espinas, o incluso de muerte, para quienes la emprenden, y pase a ser considerada y tratada como el factor crucial de crecimiento y desarrollo que realmente es.
