Contra la violación sistemática de DDHH en la frontera dominico-haitiana
La relación entre República Dominicana y Haití ha estado marcada históricamente por la oscilación entre fases de cooperación y tensión. Fases que, sin duda, han estado y siguen estando condicionadas por significantes históricos como colonización, procesos de independencia, conflicto e identidad nacional. Este compendio de elementos, unidos a la actual derechización del contexto político dominicano y al proceso de somalización haitiano, derivan en una situación muy compleja que determina la gestión de los flujos migratorios por parte del Estado Dominicano.
Así, la extrema pobreza, el desmoronamiento del Estado haitiano y la violencia paramilitar en este país están provocando una evidente (e inevitable) presión migratoria sobre República Dominicana. Una presión que genera un impacto económico positivo en el país de acogida (ya que trabajadores y trabajadoras haitianas sostienen sectores como la agricultura, la construcción o el servicio doméstico) y favorece a la clase empresarial. La consecuencia directa es una política migratoria estatal dura que no respeta los protocolos internacionales vinculantes, ni el Derecho Internacional Humanitario, ni el debido proceso, ni la propia legislación nacional dominicana. Con una frontera permeable y unos controles migratorios donde la corrupción está normalizada, se ha creado una dinámica circular de expulsión masiva de ciudadanos y ciudadanas de Haití que vuelven a entrar al país vecino para volver a ser, una vez más, deportadas.
En 2023, se llevaron a cabo 174.602 deportaciones. Además (con la intención de desviar la atención sobre el descontento popular resultante de la nueva Propuesta de Ley de Reforma Fiscal), el pasado mes de octubre el Gobierno dominicano anunció que deportaría a 10.000 migrantes cada semana durante los próximos meses. Esta política migratoria se sostiene en base a constantes operativos de la Dirección General de Migraciones (DGM) que traslada a estas personas a diferentes centros de detención de migrantes. Está plenamente constatado (por agencias de NNUU, organizaciones locales de la sociedad civil o la propia Amnistía Internacional), que se cometen abusos permanentes y sistemáticos sobre las personas detenidas: sobornos, asalto nocturno de viviendas y robo por parte de agentes de la DGM de los bienes encontrados en las casas, abusos sexuales y violaciones sobre ciudadanas haitianas, detención de ciudadanos/as dominicanos/as negros/as, evidenciándose la no aplicación del debido proceso, detención y sobornos a migrantes con la documentación en regla, detención de menores no acompañados o que son separados de sus familias, detención y deportación de mujeres embarazadas, condiciones infrahumanas de las personas detenidas en los Centros de Detención habilitados por el Estado dominicano.
Otra causa de violación de DDHH, con una clara relación causal con el fenómeno migratorio, es la trata de mujeres, niñas y niños. República Dominicana es considerado un país de origen, destino y tránsito de víctimas de trata interna y extranjera, con un predominio de niñas, adolescentes y mujeres como principales víctimas (77% de las victimas rescatadas entre 2017 y 2022, de las cuales el 76% fueron utilizadas para explotación sexual comercial). También existe la trata con fines de matrimonio forzado/uniones tempranas y/o servidumbre, que tiene cierto arraigo cultural en la zona.
Ante este contexto de violación sistemática de DDHH en zonas fronterizas, ACPP inició en 2021 una identificación de necesidades y potenciales aliadas que permitiera iniciar una estrategia para dar respuesta a la situación que aquí hemos descrito. A día de hoy, podemos afirmar que esta estrategia se sostiene con pilares sólidos y avanza por el buen camino. Así, se han establecido alianzas estratégicas con nuestros socios locales Save The Children-República Dominicana (SCRD) y el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), que lideran sobre el terreno la implementación de acciones de protección de DDHH de personas migrantes y de lucha contra la trata en los puntos oficiales de paso fronterizo. Junto con CEDESO, aunamos esfuerzos para la implementación de acciones de monitoreo/denuncia de violaciones de DDHH en puntos policiales de chequeo, brindamos asistencia legal a las personas detenidas y generamos espacios de diálogo y promoción de cultura de paz. Junto con SCRD, concentramos esfuerzos en prestar asistencia directa para cubrir las necesidades básicas a migrantes y en las comunidades de acogida, implementamos acciones para la reunificación de menores no acompañados deportados y el restablecimiento de los vínculos familiares, en colaboración con las autoridades dominicanas y organismos internacionales especializados. Se atienden también los efectos sobre la salud mental de los procesos de deportación, prestando apoyo psicosocial. Además, nuestra alianza con SCRD enfrenta también la problemática de la trata a través de un conjunto de acciones con vocación multisectorial y de integralidad. Para ello se trabaja, paralelamente, con autoridades dominicanas competentes en materia de protección de víctimas; con comunidades locales especialmente vulnerables, generando capacidades y constituyendo redes para la detección/prevención de la trata; con miembros de comercios locales y transportistas sindicados, apoyándoles en el ejercicio de su rol de ciudadanos/as responsables. Además, se llevarán a cabo acciones para articular estos tres niveles de trabajo con la constitución de una plataforma común de lucha contra la trata.
Con todo ello, ACPP, junto con sus socios locales, seguirá acumulando esfuerzos para continuar asentando esta estrategia multisectorial, que mantiene una clara vocación de lucha contra la violación sistemática de los Derechos Humanos de migrantes, mujeres, niñas y niños que se viene agudizando en la frontera dominico-haitiana durante los últimos años. ●
Imagen: Control migratorio en la frontera dominico haitiana
