Por la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa en El Salvador
La firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992 se ha visto, a largo plazo, insuficiente para resolver la situación estructural de pobreza, desigualdades y violencia que, mal gestionadas por los partidos ARENA y FMLN, auparon en junio de 2019 al ejecutivo al carismático Nayib Bukele gracias a la movilización a la juventud y sectores desencantados. Sin embargo, tras el primer año de gobierno, nos encontramos con un modelo de gestión que, con una nueva imagen muy adaptada a los productos digitales de consumo masivo, reproduce las viejas lógicas del centralismo autoritario, con un gobierno beligerante con la débil institucionalidad y con sus críticos, incluyendo a periodistas, medios independientes y a organizaciones de derechos humanos. La falta de acceso a la información pública y rendición de cuentas, el bloqueo del diálogo social y político, la gestión asistencialista de los recursos y la manipulación de la opinión pública ponen en evidencia la falta de visión democrática y la obsesión por alcanzar un poder que, de facto, sea absoluto. Muestra de ello fue el amago de golpe de estado del pasado 9 de febrero y el desconocimiento continuo de la institucionalidad y legalidad vigente. En su punto de mira están las elecciones legislativas de febrero de 2021. Efectivamente, el poder legislativo además de poder modificar todo el marco legal incluyendo la Constitución, elige y define el poder judicial y el poder de las instituciones contrapeso en el Estado. El presidente Bukele, consciente de la debilidad de la oposición, busca todo el poder, sin ninguna dependencia, al tiempo que empodera a la Fuerza Armada como su principal aliada.
Siguiendo la escuela de Trump y Bolsonaro, esa gestión y lucha por el poder tiene como punta de lanza una potente y creciente maquinaria de comunicación propagandística que, fiel al mito platónico de la caverna, nos impone cada día con beligerancia una imagen filtrada y distorsionada de la realidad. Todo pasa por este filtro para el posicionamiento mediático de la figura del presidente Bukele y su equipo, y para descalificar a actores críticos sembrando odio y polarización. A su servicio medios tradicionales cooptados, redes sociales, troles, y páginas pseudoinformativas virtuales. La poca formación cívica limita el debate argumentado y la participación ciudadana más allá del ejercicio del sufragio. Como ya dijo Noam Chomsky, al poder establecido le interesa una comunicación emocional que infantilice a la sociedad.
Organizaciones sociales han denunciado abusos e ineficiencia del gobierno para resolver los problemas. El periodismo crítico e independiente ha revelado casos de nepotismo, corrupción en el uso de los fondos de la pandemia y de la gestión gubernamental, además de la negociación con pandillas para simular la mejora de la seguridad y contar con su apoyo electoral. Señalan el deterioro del ejercicio periodístico, del acceso a la información pública y el grave incremento de agresiones, amenazas, ciberataques, hostigamiento y acoso, dificultando la libertad de prensa y el control de la función pública. En el primer año del gobierno actual se han dado 61 vulneraciones a la prensa salvadoreña, cuadruplicando las del último año del gobierno anterior (PDDH-APES, 2020). La Relatoría de Libertad de Expresión de CIDH (Informe 2020), avala los datos y confirma la falta de garantías para el trabajo periodístico en El Salvador.
Esta situación nos llama a reforzar la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos para el desarrollo y avance del conjunto de los DDHH. Para ello, ACPP ha liderado la conformación de una asociación con tres actoras nacionales estratégicas y relevantes que, por su labor, están siendo difamadas, hostigadas y criminalizadas: el Periódico Digital EL FARO (en alianza con los medios independientes Gato Encerrado, Factum y Focos), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas –UCA/IDHUCA-, y la Asociación de Periodistas de El Salvador-APES–. Junto a la Federación Internacional de Periodistas –FIP-, estamos iniciando la estrategia y proyecto financiado por la Unión Europea “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador”, el cual es, en sí mismo, una medida de protección para estas entidades salvadoreñas en el desempeño de su labor periodística y de defensa y promoción de los DDHH.
Cuando la institucionalidad falla y la ciudadanía no ejerce su soberanía, el periodismo independiente es clave para una opinión pública libre y el control social del Estado, por ello nuestras acciones se centran en la comunidad de periodistas y los medios independientes como sujetos y actores clave para el proceso de democratización del país. ACPP acompañará, fortaleciendo sus capacidades a través de cuatro líneas de acción: fortalecer las capacidades de periodistas y medios, reforzar su articulación e incidencia, incrementar su protección y atención ante las vulneraciones a sus derechos y promover el reconocimiento social de esta labor fundamental. En ACPP nos hemos sumado al reto de impulsar el periodismo crítico fortaleciendo las capacidades de la comunidad de periodistas y la consolidación del ecosistema de medios independientes, como actores clave que garanticen el acceso de la población a la información imparcial, rigurosa y crítica que impulse la formación de una opinión pública libre, en contrapeso al discurso tergiversado de los poderes públicos, para el ejercicio de su acción ciudadana, potenciando las garantías institucionales y sociales para el ejercicio periodístico y la seguridad de periodistas y medios, contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña en la promoción, protección y respeto de la democracia y los DDHH.
