Históricas sentencias devuelven tierras a familias campesinas en Colombia y demuestran la involucración de empresarios y ejército.
Históricas sentencias devuelven tierras a familias campesinas en Colombia y demuestran la involucración de empresarios y ejército.
Trabajar por el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas del conflicto en Colombia siempre constituye un reto; a veces recompensado, cuando se logra cambiar las vidas de familias campesinas que retornan a sus tierras tras décadas de desplazamiento. En otras ocasiones esta lucha se convierte en un riesgo para la propia población restituida, para los líderes que las acompañan y para las organizaciones sociales que llevan la representación de estas víctimas.
El pasado 12 de marzo, justo antes de iniciar el periodo de cuarentena obligatoria en Colombia por motivo del Covid-19, el Juzgado Primero de Tierras ordenó restituir los predios de 3 familias campesinas en el Urabá Antioqueño. Un mes después los tribunales de tierras proferían dos sentencias históricas más.
La primera sentencia ordenó a la Fiscalía investigar penalmente a los propietarios de las principales empresas de exportación bananera en Colombia: Uniban, Banacol, Bananeras de Urabá S.A. y a dos de sus propietarios por el presunto delito de concierto para delinquir y financiación voluntaria a grupos paramilitares. En este mismo fallo se ordenó la restitución de 11 predios más a familias campesinas de la vereda California, en el municipio de Turbo, epicentro de las plantaciones bananeras de Urabá donde el paramilitarismo inició su proyecto despojador y de control territorial que luego se extendió por el resto del país. Un dato: estas tierras se encuentran ubicadas en la zona de construcción del mega proyecto “Puerto de Urabá”.
La segunda sentencia ordenó a la Fuerza Pública pedir perdón a las 13 familias del predio “La Galleta”, municipio de Montebello, también en Antioquia, por la violación de sus derechos humanos al haber cometido asesinatos y desaparición forzada y generado desplazamiento. El proyecto agrícola de La Galleta estaba integrado por personas desmovilizadas de la corriente de Renovación Socialista – ELN desde el año 1994 y había sido un ejemplo exitoso de reinserción. La sentencia judicial ordenó también compensar a estas familias en dinero reconociendo a los segundos ocupantes de buena fe que explotaron buena parte de la finca después que la mayoría de las familias originarias salieran desplazas tras los actos cometidos por el ejército en el año 2000.
Volviendo al primer caso, como consecuencia de la sentencia judicial, la certificadora internacional FLOCERT sancionó a la empresa Bananeras de Urabá, retirándole el sello de Comercio Justo o FAIRTRADE, que trae como consecuencia que la empresa bananera deje de recibir dineros por un millón de dólares anuales que en parte debía destinar a labores sociales en la zona de influencia.
Esta sanción comercial internacional motivó casi de manera inmediata una campaña de desprestigio contra la Fundación Forjando Futuros, socia de ACPP en Colombia y responsable de la representación judicial de las víctimas reclamantes de tierras. Dicha campaña incluyó panfletos donde se acusaba a su director, Gerardo Vega, de intentar comprar medios para desprestigiarlos. Rosalba Zapata y Felipe Arsecio Echeverry Zapata, dirigentes de Bananeras de Urabá e investigados por concierto para delinquir y financiamiento voluntario de paramilitares, urdieron un plan de comunicaciones en radio y redes sociales que contó con el respaldo y difusión del expresidente Uribe y del gremio ganadero, para generar un clima de opinión en la región en que se acusaba directamente a Forjando Futuros de dejar sin inversión social a Urabá. El mundo al revés… Todos los empleos, subsidios de vivienda, programas de bienestar para niños y ancianos, se perderían por quienes favorecen la restitución de tierras en Colombia. Pretendían con esta difamadora campaña convertir a la Fundación y a Gerardo en enemigos de Urabá.
La Comunidad Internacional ya se pronunció al respecto. El 25 de junio en un comunicado y sus redes sociales, más de 20 de las más importantes organizaciones de derechos humanos de Europa, manifestaron los montajes y obstáculos de los que fueron blanco las organizaciones sociales, los líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras y población restituida en Colombia.
Las campañas de desprestigio contra los reclamantes de tierras buscan generar un ambiente propicio para la intervención de los grupos paramilitares, quienes continúan operando y controlando parte de la región de Urabá. Obligan a las comunidades campesinas a retirar las denuncias presentadas para recuperar sus tierras, y también presionan para quedarse con la mitad de las tierras ya restituidas a las víctimas.
El 24 de septiembre hombres armados secuestraron en la finca Guacamayas a Alfranio Solano, campesino restituido en 2019. Alfranio, aprovechando la oscuridad y la fuerte lluvia de aquella noche, pudo fugarse, permaneció varias horas escondido y al día siguiente pudo llegar a la casa de un vecino con la intervención de la fuerza pública. A la fecha, Alfranio y su familia viven nuevamente desplazados de las tierras que tras 20 años logró recuperar y donde había reiniciado su proyecto de vida.
Al cierre de este artículo el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales continúan exigiendo al Estado Colombiano salvaguardar la vida de estas personas, ante el incremento de asesinatos de líderes sociales y de masacres ocurridas este año y que amenazan de muerte el proceso de paz en Colombia.
La Fundación Forjando Futuros y Asamblea de Cooperación por la Paz, en conjunto con otras organizaciones que trabajan en la región, continuaremos defendiendo los derechos de la población campesina a retornar y explotar las tierras que les fueron robadas en el marco del conflicto.
