Consecuencias de una crisis más allá de lo sanitario en República Dominicana
La irrupción del virus SARS-CoV-2 en nuestra vida cotidiana fue algo inesperado y muy distante de lo que se esperaba para este año 2020, donde se debía continuar potenciando el desarrollo y la reducción de la desigualdad como se ha venido logrando en los últimos años en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha supuesto un revés que va suponer un retroceso notable en esos logros. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región se enfrenta a una década perdida, ya que los recursos nacionales encaran aumentos de pobreza, desempleo y deuda, lo que puede llevar a medidas de austeridad.
En República Dominicana, el primer caso de COVID-19 se notificó el 1 de marzo de 2020 y en las siguientes semanas los casos fueron surgiendo a cuentagotas, por lo que parecía que la situación podía ser controlada. Así, las primeras medidas anunciadas por el gobierno, el 19 de marzo, se centraron en la aprobación del estado de emergencia y las medidas restrictivas que lo acompañaban. Estas medidas se han ido flexibilizando quedando vigente aún el toque de queda en horario nocturno. Al mismo tiempo se creó la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), para coordinar toda la respuesta gubernamental frente a la pandemia. Sin embargo, a pesar de estas medidas, y con un plan de desescalada apresurado que hubo que suspender en la segunda fase, los casos siguieron aumentando en el país, siendo uno de los países del Caribe con peor resultado en contagios y muertes aunque la tasa de positividad de las últimas semanas se está reduciendo y parece que por fin la curva se está aplanando.
Paralelamente, se han desarrollado diversos programas de protección social para hacer frente a la pérdida de ingresos de las familias dominicanas, a través del reparto de alimentos y la ampliación de los beneficiarios del programa “Quédate en casa”, que reciben un monto mensual para la compra de alimentos, así como con la creación del programa FASE: Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, para apoyar a quienes han sido suspendidos de empleo, de manera transitoria, con una transferencia monetaria no condicionada. Estos programas, establecidos por dos meses, debido a la situación actual se han ampliado hasta finales de este año. Y a pesar de que vienen a paliar las consecuencias que las restricciones han provocado en la población, sin embargo, han sido medidas insuficientes en un país que cuenta con un sistema de protección social muy débil al que se une la fragilidad del sistema sanitario y el limitado acceso de la población a los seguros sociales, lo que provoca una desprotección de una gran parte de la población.
Por otra parte, la dependencia del turismo, un sector que se ha visto especialmente afectado siendo uno de los de mayor incidencia en el PIB y que genera cientos de miles de empleos y una importante inversión extranjera, aumenta la crisis económica y sus efectos en la población agravando, aún más, los problemas estructurales existentes.
Esta situación ha supuesto la suspensión de casi un millón de contratos de trabajo, y como en tantos otros países, hay un notable porcentaje de población -que supera al formal- que se sustenta a través de la economía informal, los cuales se han quedado en especial situación de vulnerabilidad ya que una gran mayoría no pueden acceder a estos programas de protección social.
De esta manera, en el marco de nuestros proyectos nos hemos encontrado con nuevas necesidades en la población beneficiaria, que han propiciado modificaciones para establecer estrategias de respuesta ante la COVID-19, tanto de abastecimiento de las necesidades básicas de la población más vulnerable, principalmente en cuento a su seguridad e higiene, salud sexual y reproductiva y seguridad alimentaria, como incrementando la componente de comunicación para desarrollar, por una parte, una estrategia de prevención del contagio y, por otra, de prevención de violencia de género, al haberse confirmado un incremento durante la etapa del confinamiento, algo que puede pasar desapercibido en un primer momento como consecuencia de la crisis, pero que es necesario visibilizar y desarrollar estrategias para frenar su aumento.
Ahora mismo el país se encuentra en la búsqueda de un equilibrio entre la reactivación de la economía y la gestión y prevención de futuras olas de contagio, mientras la población sigue haciendo frente a sus grandes consecuencias: el acceso a la sanidad pública, las limitaciones en el acceso de los medios de vida y la seguridad alimentaria. Por tanto, seguiremos trabajando para reducir las brechas de desigualdad que se han abierto aún más en este contexto sin que la respuesta a la fatal pandemia nos desvíe de nuestro objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
