Los derechos de los dominicanos haitianos deben ser protegidos por el Estado Dominicano
Antonio Florián
Presidente del IDAC, R.D.
El próximo 17 de junio termina el plazo establecido por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en la Republica Dominicana para acogerse a los términos del mismo, este hecho preocupa considerablemente a sectores de la opinión pública, activistas de derechos humanos y a la población dominicana de origen haitiana que pudiera ser víctima de la aplicación arbitraria de medidas migratorias que impliquen la separación y expulsión del territorio donde nació.
Se espera que al término del Plan Nacional de Regularización las autoridades nacionales implementen acciones destinadas a expulsar del país a los extranjeros que no hayan alcanzado las condiciones para la regularización. Somos de la opinión de que el Estado dominicano es soberano, en virtud de la Constitución de la República y de las leyes migratorias, para determinar quiénes, siendo extranjeros, residen en su territorio. Es un derecho soberano que de ninguna manera regateamos al Estado dominicano, sin embargo la cuestión es que, por razones históricas, sociales y económicas, existe en la Republica Dominicana una población nacida en el país de padres extranjeros y que en virtud de la constitución y las leyes nacionales vigentes hasta el año 2010 adquirieron por efecto del “Ius soli” el derecho a la nacionalidad, derecho consagrado y ratificado también en la ley 169-13 sobre Naturalización y Regularización de Extranjeros. Por lo tanto, esta población tiene que ser respetada en sus derechos y, más aún, tiene que ser protegida por el Estado y sus autoridades.
De igual manera, en relación a la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras que viven en condiciones de irregularidad, si el Estado dominicano decide ejercer su derecho soberano, debe hacerlo mediante el cumplimiento de las normas de dignidad y derechos humanos establecidas. Por lo tanto, nos oponemos a redadas masivas, persecuciones, violación de domicilio e incluso incautaciones de bienes, hechos que se producen cada vez que se realizan acciones para deportar del país a extranjeros, sobre todo procedentes de Haití. Debe quedar claro, entonces, que una cosa son los extranjeros que viven irregularmente en el país y que no se han acogido al Plan Nacional de Regularización, que pueden ser expulsados por voluntad política del Estado, y otra cosa son los dominicanos de origen haitiano, que tiene derecho a la nacionalidad y pese a ello, muchos de ellos han sido desnacionalizados. Por ello, nuestro llamamiento a la opinión pública internacional de estar vigilante a lo que pueda ocurrir en la República Dominicana a partir del 17 de junio, nuestro llamamiento a las autoridades para evitar que se cometan acciones arbitrarias en perjuicio de dominicanos y dominicanas que se exponen a la división de sus familias, a la pérdida de sus bienes e incluso a convertirse en ciudadanos de ningún país. Al mismo tiempo, extendemos este llamamiento a las autoridades haitianas con el fin de facilitar un entendimiento diplomático con las autoridades dominicanas de forma y manera que los dos Estados protejan los derechos de las personas. Es imprescindible la elaboración de un protocolo para identificar quiénes son dominicanos de origen haitiano y por lo tanto, protegidos por la ley 169-13 y otras disposiciones, a los que no se debe expulsar de su territorio.
No consideramos adecuado la creación de campamentos para refugiados en territorio haitiano, como se rumorea que se están creando. De igual manera, el Estado dominicano debe ser cauteloso y prudente en la implementación de su política migratoria.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los activistas, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios profesionales, los periodistas y medios de comunicación deben ser conscientes de que los derechos humanos constituyen una herramienta fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre los seres humanos y que, en consecuencia, su defensa forma parte de la existencia de la propia humanidad. En este sentido, será necesario estar alerta ante la posibilidad de que se cometan de nuevo violaciones a la dignidad humana, a los derechos de ciudadanía y a los derechos individuales.
Las autoridades del Estado Civil de la Republica Dominicana tienen la obligación de garantizar el derecho de ciudadanía a toda persona, tal y como establece la ley 169-13, de evitar la desnacionalización, de devolver los documentos incautados y proceder a dotar de documento de identidad a la misma, tal y como lo establece la citada ley.
