Elecciones en Aragón: los partidos se examinan sobre cooperación internacional
José Luis Doro Domingo
Candidato de CHUNTA ARAGONESISTA a la Presidencia del Gobierno de Aragón
Tras un periodo en que los poderes públicos han optado largamente por un modelo neoliberal de respuesta a la situación económica, arrasando con las políticas sociales en aras de la reducción del déficit público y con la eficacia como mantra. ¿Plantea su partido un modelo distinto de salida de la crisis? ¿Qué papel juega la cooperación en ese modelo? ¿Qué prioridad le otorgará usted en su gobierno?
Abandonar inmediatamente las políticas de austeridad y recortes dirigidas únicamente al cumplimiento de los objetivos de déficit público, así como a desarrollar políticas expansivas y de crecimiento económico productivo y no especulativo impulsadas desde lo público, mediante políticas tributarias justas inspiradas en los principios de igualdad y progresividad que estimulen la creación de empleo estable y de calidad, que erradique la pobreza, el reparto de la riqueza y garanticen el mantenimiento de los servicios públicos del estado de bienestar con carácter universal, laico y gratuito.
Sería importante, puesto que se reconocería y asumiría como una política social pública.
El cumplimiento por parte del gobierno de destinar el 0,7 de sus presupuestos para políticas de cooperación sería capital.
¿Es ineficaz que un municipio, una diputación o una comunidad autónoma haga cooperación?
No, de hecho la falta de aportaciones a la cooperación al desarrollo están impidiendo que se cumplan los objetivos del milenio. Los entes locales aportan un valor añadido único a los procesos de desarrollo, como las administraciones más cercanas a la ciudadanía.
¿Detrae la cooperación recursos que son para los de aquí? ¿Puede gobernarse un territorio sin entender que el bienestar de su gente está conectado con lo que pasa en otros territorios, dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuál será la agenda de su gobierno a la hora de contribuir a la gobernanza global?
En CHA lo que consideramos es que las políticas sociales, tanto de dentro como de fuera, deben tener una financiación adecuada.
CHA desde su posición internacionalista defiende el desarrollo equilibrado entre el primer mundo y el mundo menos desarrollado, por lo tanto, es responsabilidad de los países más ricos, el progreso y desarrollo de los países más vulnerables.
Exigir el cumplimiento por parte de las instituciones públicas aragonesas de la recomendación internacional de destinar el 0,7% de sus Presupuestos para políticas de cooperación al desarrollo, como primer paso para alcanzar el 1 %, y concretar esas partidas en el próximo Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2016-2019 y en los Planes anuales de Cooperación.
El objetivo del 0’7%, aunque simbólicamente importante, ha sido asumido por la práctica totalidad de los partidos políticos. También el PP dice estar comprometido con el 0’7, sin embargo en la mayoría de lugares donde gobierna, la AOD ha sido completamente eliminada. En ACPP creemos que es mucho más relevante comprometerse políticamente a dar pasos significativos y concretos en la dirección del 0’7 durante el periodo en que un partido asuma la responsabilidad de gobierno. ¿Cuál será el porcentaje que su gobierno destinará a cooperación en 2016? ¿Y en 2017? ¿Cuál será la progresión realizable a lo largo de los cuatro años de legislatura?
En 2016, destinaríamos un 0,3% y en 2017, un 0,4% y el resto en coherencia con la respuesta dada en la pregunta anterior.
De acuerdo con el más reciente Eurobarómetro, un 85% de los españoles cree que ayudar a los países empobrecidos contribuye a un mundo más pacífico y equitativo y casi el doble de la media europea piensa que se deberían aumentar las ayudas a estos países aún en tiempos de crisis. Sin embargo, el drástico recorte de la política de cooperación en nuestro país ha tenido un efecto demoledor en la capacidad de organización y respuesta de las ONGD, y por lo tanto en su capacidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es su modelo de gestión en lo tocante a la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política de cooperación?
Impulsar cambios en los órganos e instrumentos de la cooperación aragonesa: el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo y el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón para que funcionen de manera más efectiva, transparente y participativa, para garantizar una cooperación al desarrollo de mayor calidad y con mayor impacto.
En este país, tratar de corresponsabilizarse desde lo social de cualquier ámbito de la política pública se ha convertido en una labor no apta para cardíacos. El impago de las ayudas, la creciente burocratización de los procedimientos, lejos de mejorar la transparencia lastran enormemente la labor de las entidades. La connotación negativa que la sociedad asigna a cualquier actividad subvencionada desde lo público, y la posibilidad de que un procedimiento ordinario de revisión de una ayuda pueda ser sea narrado como un caso de corrupción hace de la labor de las entidades sociales un acto de heroicidad. ¿Qué piensan hacer para mejorar la transparencia y facilitar al mismo tiempo que las entidades sociales puedan ayudarles en el desarrollo de las políticas de las que ustedes serán responsables?
Desde CHA, las administraciones públicas asumirán la gestión de los servicios sociales, frenando la tendencia a su privatización y mercantilización, y en los que la administración no disponga de recursos suficientes para cumplir con la norma general de gestión directa, se concertará con entidades sin ánimo de lucro la provisión de las prestaciones
¿Cree que la política de cooperación debe tener conexiones con la política migratoria? ¿Y con la comercial? ¿Deberían las administraciones públicas tener en cuenta la vulneración de los derechos humanos a la hora de pactar o hacer negocio con otros Estados?
Sin duda, deberíamos – conseguir la coherencia de políticas en la acción de las administraciones (autonómica y local) para la lucha efectiva contra la pobreza, adoptando criterios y mecanismos de compra pública ética, y el consumo de productos de Comercio Justo en las instituciones públicas, incorporando estos criterios junto a criterios sociales en los concursos públicos, además de impulsarlos y promoverlos entre todas las entidades con las que se relaciona la administración, asumiendo una responsabilidad pública frente a la defensa del consumo responsable; promoviendo y consolidando iniciativas de finanzas éticas; promoviendo la inclusión y el respeto de los derechos humanos de todas las personas y colectivos; fomentando la igualdad de género e impulsar el empoderamiento de las mujeres en el seno de las administraciones y de las instituciones públicas; garantizando la sostenibilidad medio ambiental de todas las políticas que se lleven a cabo y manteniendo los servicios públicos como elementos de lucha contra la desigualdad y como garantes de la dignidad de las personas.
Patricia Luquin
Candidata de IZQUIERDA UNIDA a la Presidencia del Gobierno de Aragón
Tras un periodo en que los poderes públicos han optado largamente por un modelo neoliberal de respuesta a la situación económica, arrasando con las políticas sociales en aras de la reducción del déficit público y con la eficacia como mantra. ¿Plantea su partido un modelo distinto de salida de la crisis? ¿Qué papel juega la cooperación en ese modelo? ¿Qué prioridad le otorgará usted en su gobierno?
Izquierda Unida es una organización claramente de izquierdas que se define como anticapitalista e internacionalista, donde no sólo creemos que es posible un modelo distinto de salida de la crisis, sino que es absolutamente necesario. Con las políticas de austericio impuestas por la troika y seguidas con absoluta sumisión tanto por parte del gobierno de la nación como por el gobierno aragonés, del PP-PAR, Con Luisa Rudi a la cabeza, no sólo es imposible salir de la crisis, sino que se ahonda en la misma. Hoy, Aragón es más desigual, más pobre y con unos servicios públicos (educación, sanidad,..) más deteriorados que hace 4 años, las políticas neoliberales incrementan la desigualdad y benefician una pequeña minoría frente a la mayoría social.
Izquierda Unida es una organización internacionalista, donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz son ejes fundamentales de nuestra labor y presencia en las instituciones, desde una perspectiva universal que implica una coherencia en la promoción de valores, acciones tanto en nuestro entorno como en otros contextos.
Entendemos la cooperación también como instrumento y herramienta para modificar las estructuras políticas, económicas, laborales y sociales que convierten la desigualdad como algo estructural e inherente a determinados países y/o situaciones.
¿Es ineficaz que un municipio, una diputación o una comunidad autónoma haga cooperación?
No. No es ineficaz, es absolutamente fundamental e imprescindible, la cooperación no se puede ni se debe deslindar de los municipios, diputaciones y Comunidades Autónomas. El papel que juegan las diferentes administraciones en la cooperación es importante y sobretodo necesario. El Aragón que queremos, el que defendemos y proponemos, es un territorio en el que la cooperación al desarrollo sea una política pública y una muestra de solidaridad de la ciudanía, donde los pueblos, las organizaciones y las personas además de enriquecernos, tomemos conciencia de nuestro propio empoderamiento y nuestra propia capacidad para cuestionar y cambiar las políticas y los gobiernos. Para un cambio de políticas se necesitan otros gobiernos y gobernantes, una fuerza necesaria que cambie la correlación de fuerzas actuales y que ponga en el centro de la vida política a las personas.
¿Detrae la cooperación recursos que son para los de aquí? ¿Puede gobernarse un territorio sin entender que el bienestar de su gente está conectado con lo que pasa en otros territorios, dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuál será la agenda de su gobierno a la hora de contribuir a la gobernanza global?
No a que se detraen recursos “que son de aquí” y no, a que se puede gobernar perdiendo la perspectiva global del mundo en el que vivimos. Pertenecemos a un mundo global y cada vez más desigual en el que la mayoría de la población vive al borde de la miseria. Cualquier acontecimiento que ocurra en cualquier rincón del planeta nos afecta a nivel local, bien sea un conflicto bélico, un desastre natural, u proceso de paz o la miseria y destrucción de recursos naturales.
No podemos ser ajenas a o que sucede en un planeta que afronta desafíos globales urgentes como el aumento de la concentración de la riqueza y, por tanto, de las desigualdades, el progresivo vaciamiento de la democracia, el cambio climático o la explotación de los recursos naturales.
En izquierda Unida tenemos muy claro que los derechos humanos, no se pueden utilizar como moneda de cambio en las relaciones entre gobiernos y mucho menos en la utilización de la guerra como instrumento de política exterior. De ahí nuestra apuesta clara y directa por políticas públicas de cooperación, de la necesidad de jugar un papel activo a través de acciones políticas y actuaciones dirigidas a la promoción de procesos de paz y de justicia social. En definitiva una clara defensa del respeto y la promoción de los derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales como un todo indivisible y de aplicación universal.
El objetivo del 0’7%, aunque simbólicamente importante, ha sido asumido por la práctica totalidad de los partidos políticos. También el PP dice estar comprometido con el 0’7, sin embargo en la mayoría de lugares donde gobierna, la AOD ha sido completamente eliminada. En ACPP creemos que es mucho más relevante comprometerse políticamente a dar pasos significativos y concretos en la dirección del 0’7 durante el periodo en que un partido asuma la responsabilidad de gobierno. ¿Cuál será el porcentaje que su gobierno destinará a cooperación en 2016? ¿Y en 2017? ¿Cuál será la progresión realizable a lo largo de los cuatro años de legislatura?
El 0,7% como objetivo, se ha aprobado en diferentes declaraciones por parte de todos los partidos políticos. Una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que se hace. En Aragón, lamentablemente no sólo nos encontramos lejos de alcanzar dicho objetivo, sino que en estos últimos años y de forma más acrecentada con el gobierno PP-PAR, se ha ido alejando ese cumplimiento y recortando de forma drástica en los presupuestos de cooperación del gobierno aragonés. Así que lejos de ir acercándonos al 0,7% las políticas de recortes han afectado directamente a la cooperación y cada vez hacen que esté más lejos ese 0,7%.
Desde IU, establecemos como compromiso el logro del 0,7% de la Renta Nacional Bruta, para Ayuda Oficial al Desarrollo que ya se comprometieron a destinar las instituciones. Hacer de este compromiso una realidad, es una cuestión de voluntad política y de prioridades. En cuatro años empezando en el primer año con un 0,4% e ir incrementándolo en los posteriores ejercicios presupuestarios (0,5%, 0,6%) hasta alcanzar el 0,7%.
De acuerdo con el más reciente Eurobarómetro, un 85% de los españoles cree que ayudar a los países empobrecidos contribuye a un mundo más pacífico y equitativo y casi el doble de la media europea piensa que se deberían aumentar las ayudas a estos países aún en tiempos de crisis. Sin embargo, el drástico recorte de la política de cooperación en nuestro país ha tenido un efecto demoledor en la capacidad de organización y respuesta de las ONGD, y por lo tanto en su capacidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es su modelo de gestión en lo tocante a la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política de cooperación?
La participación de la sociedad civil en los procesos tanto de diseño como de implementación, planificación seguimiento y evaluación de las políticas de cooperación, no sólo tiene que desempeñar un papel trascendental, deben ser un actor fundamental en las mismas. La participación además de opinar, hay que dar paso a la capacidad de decidir. Ese es el gran reto y la apuesta de IU-Aragón, además de poder participar, y opinar, hay que establecer los cauces para que las ONGD y por tanto la sociedad civil, pueda decidir directamente sobre las políticas de cooperación.
Entre otras cuestiones: planteamos una reorientación del Plan Aragonés de Cooperación al desarrollo, garantizando la coordinación de todos los actores (entidades y administraciones). Desarrollaremos fórmulas tendentes a la descentralización de las iniciativas de ayuda al desarrollo, potenciando el papel de la administraciones, entidades y movimientos sociales primando aquellas que respondan a procesos de desarrollo de los derechos humanos, económicos y sociales orientadas desde lo local pero siempre coordinadas dentro de una nueva estrategia aragonesa de cooperación, consideramos necesaria una reforma del consejo aragonés de cooperación para el desarrollo que recoja la pluralidad de organizaciones y visiones diferentes sobre el desarrollo y la cooperación para que sea un órgano más útil y efectivo, promoveremos la participación directa de personas extranjeras en proyectos de desarrollo ej sus países de origen, favoreceremos y evaluaremos las redes institucionales y sociales de solidaridad internacional y desarrollo, apostamos por una Estrategia aragonesa de educación para el desarrollo, ligada a la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad , fomentando la conciencia social ante el incremento de la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos humanos o la inequidad de género.….
En este país, tratar de corresponsabilizarse desde lo social de cualquier ámbito de la política pública se ha convertido en una labor no apta para cardíacos. El impago de las ayudas, la creciente burocratización de los procedimientos, lejos de mejorar la transparencia lastran enormemente la labor de las entidades. La connotación negativa que la sociedad asigna a cualquier actividad subvencionada desde lo público, y la posibilidad de que un procedimiento ordinario de revisión de una ayuda pueda ser sea narrado como un caso de corrupción hace de la labor de las entidades sociales un acto de heroicidad. ¿Qué piensan hacer para mejorar la transparencia y facilitar al mismo tiempo que las entidades sociales puedan ayudarles en el desarrollo de las políticas de las que ustedes serán responsables?
La transparencia debe ir vinculada al buen gobierno y a la participación. El impago de las ayudas, así como la tardanza en la convocatoria de subvenciones, hace que sea inviable muchas veces el poder desarrollar de forma estable y con cierta permanencia en el tiempo de proyectos que necesitan estabilidad, y tiempo, ya que sus resultados son a medio y largo plazo. Para ello consideramos fundamental agilizar los plazos, eliminar la burocracia que muchas veces eterniza los procesos, garantizar el cobro de las ayudas en tiempo y forma y poner fechas (fijas o más o menos regulares, en la medida de las posibilidades) para sacar las convocatorias con plazos suficientes. La participación directa en la planificación y desarrollo de políticas de cooperación por parte de las ONGD y la sociedad civil y su implicación directa deben ser una garantía de compromiso y de transparencia en la gestión y las acciones y proyectos de cooperación.
¿Cree que la política de cooperación debe tener conexiones con la política migratoria? ¿Y con la comercial? ¿Deberían las administraciones públicas tener en cuenta la vulneración de los derechos humanos a la hora de pactar o hacer negocio con otros Estados?
Absolutamente sí. Es necesario que exista una conexión entre política de cooperación y política migratoria y por otro lado, las administraciones públicas deberían ser absolutamente escrupulosas con el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, como línea roja inalterable e innegociable a la hora de pactar o hacer negocios con otros estados. Aquellos estados que posibilitan y/o potencian por acción o/y omisión con su políticas y acciones las desigualdades, la miseria, la explotación, la violencia y que vulneran de forma sistemática el respeto a los derechos humanos, no deberían poder “beneficiarse” de ningún tipo de pacto y/o negocio con las administraciones públicas.
Las relaciones de Aragón en el exterior han de responder a una estrategia facilitadora de los procesos de desarrollo locales y entendemos que las políticas de cooperación no pueden entenderse (como es tendencia en la actualidad) a ser herramientas de comercio exterior. La cooperación no puede servir como una herramienta para la “internacionalización de nuestra economía”.
Desde IU Aragón nos oponemos a toda forma de instrumentalización interesada de la cooperación al desarrollo, como pueda ser el caso del marketing de algunas empresas o la militarización.
Y defendemos, entre otras cuestiones, la necesidad de articular procedimientos financieros para posibilitar las transferencias económicas de los y las inmigrantes a sus países de origen, especialmente aquellas ligadas al desarrollo de sus zonas de procedencia.
Pablo Echenique-Robba
Candidato de PODEMOS a la presidencia del Gobierno de Aragón
Tras un periodo en que los poderes públicos han optado largamente por un modelo neoliberal de respuesta a la situación económica, arrasando con las políticas sociales en aras de la reducción del déficit público y con la eficacia como mantra. ¿Plantea su partido un modelo distinto de salida de la crisis? ¿Qué papel juega la cooperación en ese modelo? ¿Qué prioridad le otorgará usted en su gobierno?
Ante todo decir que nos encontramos ahora, precisamente, en pleno proceso de redacción del programa electoral, revisando propuestas recogidas de diferentes actores sociales. Es decir, que el programa oficial aún no está económico porque el que nos ha sumido en la crisis no puede sacarnos de ella. Este nuevo modelo tendrá dos de sus pilares en la economía verde y la economía de los cuidados, y se acompañará de una fiscalidad progresiva y justa con la diferente, ecológicamente sostenible y socialmente justa.
Estos objetivos de desarrollo no queremos ni podemos encerrarlos dentro de países, especialmente los más desfavorecidos, para coordinar un desarrollo que será internacional, justo y ecológico, o no será.
La Cooperación para el Desarrollo no puede limitarse a la financiación de proyectos, sino que, por encima de esto, debe convertirse en un principio orientador de la acción política, junto a otros como la igualdad o la ecología. Se trata de considerar los efectos que, en un mundo globalizado, tendrán nuestras acciones, especialmente las comerciales, sobre las poblaciones desfavorecidas y el medioambiente.
¿Es ineficaz que un municipio, una diputación o una comunidad autónoma haga cooperación?
En absoluto. Entendemos que toda cooperación es eficaz si responde de forma adecuada a necesidades reales, independientemente de la administración que la preste. En Podemos creemos firmemente que la política debemos hacerla todas las personas. Puesto que la cooperación también es política, debe vehicularse a través de aquellas administraciones que resulten más cercanas al ciudadano, que son los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas, sin olvidar la importancia del papel del estado como administración de mayor capacidad y presencia internacional. No obstante, para alcanzar la máxima eficacia, deben armonizarse los criterios de las diferentes administraciones sobre cooperación para el desarrollo y fijarse mecanismos que permitan llevarla a cabo de forma coordinada.
¿Detrae la cooperación recursos que son para los de aquí? ¿Puede gobernarse un territorio sin entender que el bienestar de su gente está conectado con lo que pasa en otros territorios, dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuál será la agenda de su gobierno a la hora de contribuir a la gobernanza global?
Quien no es capaz de ver más allá de nuestras fronteras y plantea conflictos de intereses entre los de aquí y los de allí, aparte de andar escaso de humanidad, está condenado a perpetuar los problemas globales que nos aquejan. En el mundo globalizado en que vivimos, cualquier intento de aislar el bienestar de unos del de los demás, aparte de ser profundamente injusto, es completamente insostenible, porque las sociedades y las economías están interrelacionadas y porque el medioambiente es sólo uno. Por tanto, Podemos avanzará hacia una gobernanza global, basada en la democracia, la justicia y la sostenibilidad desde las instituciones en las que gobierne, poniendo especial interés en la que más capacidad tiene al respecto: el estado.
El objetivo del 0’7%, aunque simbólicamente importante, ha sido asumido por la práctica totalidad de los partidos políticos. También el PP dice estar comprometido con el 0’7, sin embargo en la mayoría de lugares donde gobierna, la AOD ha sido completamente eliminada. En ACPP creemos que es mucho más relevante comprometerse políticamente a dar pasos significativos y concretos en la dirección del 0’7 durante el periodo en que un partido asuma la responsabilidad de gobierno. ¿Cuál será el porcentaje que su gobierno destinará a cooperación en 2016? ¿Y en 2017? ¿Cuál será la progresión realizable a lo largo de los cuatro años de legislatura?
Resultaría tan fácil como engañoso lanzar unas cifras generosas sin haber estudiado a fondo las posibilidades presupuestarias y sin haber elaborado el Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019, en el que debe intervenir el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo, que pretendemos reformar para que tenga más peso y participación. No obstante, reiteramos nuestra voluntad de incrementar el porcentaje destinado a cooperación para el desarrollo progresivamente hasta alcanzar el 0,7% en esta legislatura, concretando los porcentajes y aportaciones en el próximo Plan Director y en los planes anuales de Cooperación. Además promoveremos un Pacto Aragonés contra la Pobreza que garantice la estabilidad de la ayuda y vigilaremos su eficacia mediante la comprobación de objetivos verificables.
De acuerdo con el más reciente Eurobarómetro, un 85% de los españoles cree que ayudar a los países empobrecidos contribuye a un mundo más pacífico y equitativo y casi el doble de la media europea piensa que se deberían aumentar las ayudas a estos países aún en tiempos de crisis. Sin embargo, el drástico recorte de la política de cooperación en nuestro país ha tenido un efecto demoledor en la capacidad de organización y respuesta de las ONGD, y por lo tanto en su capacidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es su modelo de gestión en lo tocante a la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política de cooperación?
Podemos cree que la participación de la gente no debe limitarse a votar cada cuatro años, sino que debe ser permanente y llegar a todos los ámbitos, también al de la cooperación. Para ello creemos que hay que reformar el Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo de forma que tenga repercusión en la toma de todas las decisiones y que acoja una participación social diversa, con especial interés por los colectivos procedentes de los países con los que se va a cooperar.
Garantizar la competencia municipal en cooperación facilitará la participación ciudadana por tratarse de la administración más cercana y accesible.
Además, para que la sociedad participe de forma consciente, crítica y solidaria, es fundamental establecer una estrategia de educación para el desarrollo y aplicarla en los contenidos de los centros educativos, en los medios audiovisuales públicos y en la publicidad institucional.
En este país, tratar de corresponsabilizarse desde lo social de cualquier ámbito de la política pública se ha convertido en una labor no apta para cardíacos. El impago de las ayudas, la creciente burocratización de los procedimientos, lejos de mejorar la transparencia lastran enormemente la labor de las entidades. La connotación negativa que la sociedad asigna a cualquier actividad subvencionada desde lo público, y la posibilidad de que un procedimiento ordinario de revisión de una ayuda pueda ser sea narrado como un caso de corrupción hace de la labor de las entidades sociales un acto de heroicidad. ¿Qué piensan hacer para mejorar la transparencia y facilitar al mismo tiempo que las entidades sociales puedan ayudarles en el desarrollo de las políticas de las que ustedes serán responsables?
Para mejorar la transparencia, los organismos públicos deben rendir cuentas ante la ciudadanía del uso que hagan del dinero de todos, publicando sus cuentas.
Del mismo modo, hay que mantener una supervisión rigurosa del uso del dinero público destinado a cooperación con criterios de sobriedad, transparencia y eficacia, pero simplificando una burocracia que consume parte de este dinero y del trabajo realizado.
Para facilitar el trabajo de las entidades sociales y que el procedimiento sea más transparente y eficaz para todos, las convocatorias de cooperación para el desarrollo deben publicarse siempre durante el primer trimestre del año.
El reconocimiento de los Ayuntamientos como competentes en cooperación para el desarrollo proporcionará a las entidades colaboradoras unas administraciones más diversas, cercanas y accesibles.
Debe priorizarse la cooperación realizada por entidades sin ánimo de lucro sobre la de empresas privadas. Y, en todo caso, debe exigirse el cumplimiento de condiciones laborales dignas y respeto al medioambiente, tanto en España como en los países del Sur. También debe exigirse el pago de los impuestos correspondientes en los países donde realicen su actividad, sin perjuicio de un trato fiscal favorable para las entidades no lucrativas.
¿Cree que la política de cooperación debe tener conexiones con la política migratoria? ¿Y con la comercial? ¿Deberían las administraciones públicas tener en cuenta la vulneración de los derechos humanos a la hora de pactar o hacer negocio con otros Estados?
Emigración y cooperación son dos formas interrelacionadas de traspasar fronteras para luchar contra la pobreza. Por un lado, la erradicación o disminución de la pobreza que persigue la cooperación atacaría a la causa del fenómeno migratorio. Por otro, la población migrante tiene mucho que decir y que aportar sobre la cooperación entre su país de acogida y su país de origen. Ambas formas confluyen en el codesarrollo.
Puede decirse que la política comercial es la principal causante de la pobreza contra la que lucha la cooperación, por lo que cambiar sus normas debería ser su principal objetivo.
Ninguna política pública puede hacerse ignorando los derechos humanos y esto está por encima de cualquier pacto o posibilidad de negocio. Esta responsabilidad es tal que no cabe usar este criterio para dar la espalda a las víctimas. Ante cualquier violación de derechos humanos, la única prioridad de la acción política debe ser revertir esta situación, buscando siempre la forma de proteger y ayudar a las víctimas y excluyendo el uso de una violencia que terminaría perjudicándolas.
PP Aragón (a solicitud del Partido Popular, la entrevista la suscribe genéricamente el PP de Aragón)
Tras un periodo en que los poderes públicos han optado largamente por un modelo neoliberal de respuesta a la situación económica, arrasando con las políticas sociales en aras de la reducción del déficit público y con la eficacia como mantra. ¿Plantea su partido un modelo distinto de salida de la crisis? ¿Qué papel juega la cooperación en ese modelo? ¿Qué prioridad le otorgará usted en su gobierno?
Ninguna de las instituciones que ha estado gobernada en estos últimos cuatro años por el Partido Popular ha optado por la política «devastadora» que usted describe.
Por lo que se refiere al Gobierno de Aragón, dos de cada tres euros del presupuesto se han destinado a sanidad, educación y servicios sociales. El bienestar de los aragoneses ha estado siempre por encima de todo, también por encima del cumplimiento del déficit. El Gobierno tiene un compromiso con la consolidación fiscal, pero no a cualquier precio, no a costa de los ciudadanos.
Y respecto a la Cooperación, el Partido Popular ha apostado desde el Gobierno en esta legislatura por la cooperación al desarrollo desde el primer momento, y ha mantenido la ayuda a la que se comprometió al inicio de legislatura hacia los países más desfavorecidos.
A través de su cooperación para el desarrollo ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas de los países en desarrollo en los que trabaja la cooperación aragonesa.
La cooperación al desarrollo es parte importante de la política pública que realiza el Gobierno, y que tiene como objetivo principal la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de todas las personas.
La prioridad se mantendrá y se continuará en la misma dirección. Y dejará de existir cuando la cooperación deje de ser necesaria. Eso sería el mayor éxito de aquellos que realizamos cooperación al desarrollo.
¿Es ineficaz que un municipio, una diputación o una comunidad autónoma haga cooperación?
Es eficaz cualquier cooperación que se realice desde cualquier institución. Lo importante es que esas ayudas vayan en la misma dirección, con el mismo objetivo.
¿Detrae la cooperación recursos que son para los de aquí? ¿Puede gobernarse un territorio sin entender que el bienestar de su gente está conectado con lo que pasa en otros territorios, dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuál será la agenda de su gobierno a la hora de contribuir a la gobernanza global?
Las ayudas que se asignan a cooperación al desarrollo y las ayudas que se asignan a las necesidades sociales más cercanas, son complementarias, no son incompatibles.
La solidaridad con los países más desfavorecidos es una obligación ética de cualquier gobierno, a lo que hay que añadir que la sociedad aragonesa es una sociedad solidaria, que lo demuestra en muchas ocasiones.
Existe una conexión importante entre lo que ocurre en países del Sur y los países llamados avanzados, los beneficios de la cooperación al desarrollo implican a las dos partes: a los beneficiarios pero también a aquellos que prestan su ayuda.
Esa labor de sensibilización es una parte importante de la cooperación al desarrollo, necesitamos que los ciudadanos se den cuenta de ello para que aumente el grado de concienciación, porque queda mucho por hacer.
El objetivo del 0’7%, aunque simbólicamente importante, ha sido asumido por la práctica totalidad de los partidos políticos. También el PP dice estar comprometido con el 0’7, sin embargo en la mayoría de lugares donde gobierna, la AOD ha sido completamente eliminada. En ACPP creemos que es mucho más relevante comprometerse políticamente a dar pasos significativos y concretos en la dirección del 0’7 durante el periodo en que un partido asuma la responsabilidad de gobierno. ¿Cuál será el porcentaje que su gobierno destinará a cooperación en 2016? ¿Y en 2017? ¿Cuál será la progresión realizable a lo largo de los cuatro años de legislatura?
El Gobierno de Aragón en estos cuatro años se ha comprometido con la cooperación al desarrollo, manteniendo el mismo nivel de ayudas pese a los diferentes ajustes que sufrieron el resto de partidas. Ha habido ayudas a través de convocatoria de subvenciones y a través de ayudas directas, como las de emergencia.
Las circunstancias económicas exigieron realizar un gran esfuerzo presupuestario, pero se apostó por la cooperación al desarrollo y se consiguió mantener el mismo nivel todos los años.
No hay más que hacer números para ver que no se alcanza el 0.7%, pero no revelo nada nuevo si digo que nos hubiera gustado disponer de más presupuesto para la cooperación al desarrollo. El compromiso existe y se realizará cuando las circunstancias lo permitan.
De acuerdo con el más reciente Eurobarómetro, un 85% de los españoles cree que ayudar a los países empobrecidos contribuye a un mundo más pacífico y equitativo y casi el doble de la media europea piensa que se deberían aumentar las ayudas a estos países aún en tiempos de crisis. Sin embargo, el drástico recorte de la política de cooperación en nuestro país ha tenido un efecto demoledor en la capacidad de organización y respuesta de las ONGD, y por lo tanto en su capacidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es su modelo de gestión en lo tocante a la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política de cooperación?
Nuestra política de cooperación al desarrollo dispone de unos instrumentos de gestión que coordinan las ayudas en Aragón en una misma dirección.
Para la elaboración de esos documentos (Plan Director de la Cooperación Aragonesa y Plan Anual de Cooperación Aragonesa) se realizan procesos de participación ciudadana en los cuales participan todos los agentes sociales y todos aquellos que deseen aportar sus ideas.
Esos documentos pueden llamarse la hoja de ruta para la cooperación al desarrollo en Aragón, y están elaborados entre todos los que desean participar.
En este país, tratar de corresponsabilizarse desde lo social de cualquier ámbito de la política pública se ha convertido en una labor no apta para cardíacos. El impago de las ayudas, la creciente burocratización de los procedimientos, lejos de mejorar la transparencia lastran enormemente la labor de las entidades. La connotación negativa que la sociedad asigna a cualquier actividad subvencionada desde lo público, y la posibilidad de que un procedimiento ordinario de revisión de una ayuda pueda ser sea narrado como un caso de corrupción hace de la labor de las entidades sociales un acto de heroicidad. ¿Qué piensan hacer para mejorar la transparencia y facilitar al mismo tiempo que las entidades sociales puedan ayudarles en el desarrollo de las políticas de las que ustedes serán responsables?
En nuestro caso, las ayudas se han pagado dentro de los plazos establecidos, el compromiso del Gobierno de Aragón se ha mantenido desde el momento de la publicación de las ayudas hasta las del pago, pasando por la justificación.
Una de las prioridades de la cooperación al desarrollo es la sensibilización de las personas, pero otra no menos importante es la normalización y armonización administrativas que se persiguen, no sólo desde Aragón, sino que es uno de los objetivos de todas las Comunidades Autónomas.
Es difícil encontrar una situación equilibrada entre las ayudas a la cooperación al desarrollo y la financiación por parte de las Administraciones. La primera exige una gran flexibilidad dada la sensibilidad de las necesidades que va a cubrir, y la segunda, exige justificación, transparencia y conocimiento total del destino del dinero público. Es una labor difícil pero se trabaja para mejorar esa situación, y conseguir un equilibrio que permita alcanzar ambas cosas.
¿Cree que la política de cooperación debe tener conexiones con la política migratoria? ¿Y con la comercial? ¿Deberían las administraciones públicas tener en cuenta la vulneración de los derechos humanos a la hora de pactar o hacer negocio con otros Estados?
No creo que “deba tener”, sino que pienso que la cooperación al desarrollo que se realiza influye directamente en la política migratoria. La mejora de las condiciones de vida de los países en desarrollo repercute en el número de personas que quieran abandonar aquellos países y viajar hacia Europa, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Las medidas que pueda tomar un Estado en relación a la vulneración de derechos humanos (trabajo infantil, explotación laboral, discriminación por género,…), pueden ser perjudiciales para aquellos que ya están sufriendo unas situaciones complicadas y no “castigar” a aquellos a los que van dirigidas, por lo que podría ser contraproducente.
Rogelio Galván Plaza
Responsable de Políticas Sociales y Cooperación en el Consejo Local de UPyD en Zaragoza
Tras un periodo en que los poderes públicos han optado largamente por un modelo neoliberal de respuesta a la situación económica, arrasando con las políticas sociales en aras de la reducción del déficit público y con la eficacia como mantra. ¿Plantea su partido un modelo distinto de salida de la crisis? ¿Qué papel juega la cooperación en ese modelo? ¿Qué prioridad le otorgará usted en su gobierno?
Para UPyD existe una triple crisis sistémica (económica, política y social) que requiere un plan de reformas conducentes a una democracia más avanzada y una economía sostenible.
En particular, en materia económica, buscamos el cambio de modelo productivo hacia una economía basada en la innovación y el conocimiento generador de valor añadido. Se trata de implantar y desarrollar una economía sostenible que no agote los recursos naturales, aprovechando la innovación para cambiar a un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente, que favorezca el talento y libere el despliegue de todos los recursos humanos.
En todo este contexto, es necesaria la racionalización de las administraciones públicas con un reparto competencial claro y eficaz en el marco de un Estado federal cooperativo, erradicando las duplicidades, el despilfarro y la burocracia injustificada, la realización de una reforma fiscal que ejerza menos peso sobre las rentas del trabajo y el consumo y más sobre la riqueza y las rentas del capital, unido a un combate sin descanso contra el fraude fiscal y la corrupción. Todo ello distribuirá más equitativamente la riqueza y liberará recursos que podrán dedicarse a las políticas sociales, pues la lucha contra la crisis y sus efectos de desigualdad y pobreza es prioritaria, y especialmente lo es la lucha contra la pobreza infantil.
La cooperación es por una parte política social y por otra acción exterior. Una democracia avanzada como la que proponemos significa también entender que muchos de los problemas sociales y económicos del momento requieren ser abordados desde una perspectiva global. En este marco, la cooperación internacional, y en particular la cooperación al desarrollo, es imprescindible para avanzar en el respeto de los derechos humanos y la iguladad de oportunidades en todo el globo. En nuestro programa a las elecciones europeas citábamos a Condorcet, cuando decía “o todo el mundo tiene los mismos derechos o no los tendrá ninguno”. Esta frase trasladada al mundo actual sigue siendo válida y por todo ello la cooperación ha de formar parte de las políticas de nuestro gobierno, con la certidumbre además de como también hemos incorporado a nuestros programas, no hay que quedarse ahí sino también buscar una “mayor coherencia de las políticas de cooperación con las que definen materias como agricultura, pesca, energía o comercio, que afectan decisivamente a los países con menor índice de desarrollo humano”.
¿Es ineficaz que un municipio, una diputación o una comunidad autónoma haga cooperación?
Todas las administraciones, incluidas las locales, deben contribuir a la cooperación destinando recursos de sus presupuestos públicos a la misma. Ahora bien, asistimos a una cierta duplicidad y descoordinación. Ayuntamientos, diputaciones o comarcas en el caso de Aragón, lanzan convocatorias de subvenciones a proyectos de cooperación, y cada una lo hace con sus requisitos, condiciones, formas de justificación, etc, incrementándose la burocracia y además sin alinearse en un marco estratégico común. Debe por tanto mejorarse esta situación e ir a la creación de fondos de cooperación, autonómicos o estatales, (en Aragón la Ley preveía la creación del Fondo Aragonés de Cooperación) a los que las administraciones locales puedan contribuir y que sean estos fondos los que realicen convocatorias únicas, conforme a un plan director estratégico que debe ser coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de tal forma que exista un esfuerzo coordinado sobre el terreno, logrando un mayor impacto de la cooperación sobre las personas destinatarias.
¿Detrae la cooperación recursos que son para los de aquí? ¿Puede gobernarse un territorio sin entender que el bienestar de su gente está conectado con lo que pasa en otros territorios, dentro y fuera de nuestro país? ¿Cuál será la agenda de su gobierno a la hora de contribuir a la gobernanza global?
Decíamos más arriba “o todo el mundo tiene los mismos derechos o no los tendrá nadie”. Y no cabe duda. La construcción de ciudadanía en una democracia avanzada como la que nosotros pretendemos construir, se da la mano con la construcción de una ciudadanía global, y lo que se destine a ello beneficia a todos. Somos un partido que si por algo se ha caracterizado es por el deseo de eliminar fronteras, interiores y exteriores. Y a la vez que defendemos la igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio donde residan, lo propugnamos para el conjunto de la Unión Europea, y por ende, también para el mundo. En estos tiempos en que surgen partidos de dentro y de fuera, que quieren crear fronteras y cerrarse en sí mismos excluyendo a los demás, UPyD apuesta por abrirlas.
Para UPyD, el papel de España en el mundo se incardina en nuestro compromiso con las libertades, los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, de tal modo que la participación de España en todos los organismos internacionales siempre haya de tener ese marco de referencia. Igualmente pretendemos que España trabaje a favor de los tribunales internacionales, el control de la venta de armas, el multilateralismo, el arreglo pacífico de controversias, y la promoción del buen gobierno.
El objetivo del 0’7%, aunque simbólicamente importante, ha sido asumido por la práctica totalidad de los partidos políticos. También el PP dice estar comprometido con el 0’7, sin embargo en la mayoría de lugares donde gobierna, la AOD ha sido completamente eliminada. En ACPP creemos que es mucho más relevante comprometerse políticamente a dar pasos significativos y concretos en la dirección del 0’7 durante el periodo en que un partido asuma la responsabilidad de gobierno. ¿Cuál será el porcentaje que su gobierno destinará a cooperación en 2016? ¿Y en 2017? ¿Cuál será la progresión realizable a lo largo de los cuatro años de legislatura?
UPyD está comprometida con el objetivo del 0,7. En una primera fase en la próxima legislatura pretendemos garantizar en todo momento un volumen estable de recursos públicos al servicio de la cooperación al desarrollo, con base en porcentajes sobre los presupuestos que no varíen coyunturalmente, evitando que pueda volver a pasar lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años, y diversificando los mecanismos de financiamiento y mejorando su eficacia y transparencia, lo que implica una alianza estratégica permanente entre las diferentes administraciones públicas y ONG implicadas en estas acciones.
De acuerdo con el más reciente Eurobarómetro, un 85% de los españoles cree que ayudar a los países empobrecidos contribuye a un mundo más pacífico y equitativo y casi el doble de la media europea piensa que se deberían aumentar las ayudas a estos países aún en tiempos de crisis. Sin embargo, el drástico recorte de la política de cooperación en nuestro país ha tenido un efecto demoledor en la capacidad de organización y respuesta de las ONGD, y por lo tanto en su capacidad para luchar contra la pobreza y la desigualdad. ¿Cuál es su modelo de gestión en lo tocante a la participación de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política de cooperación?
Como decíamos en la pregunta anterior es necesaria una alianza estratégica con las ONGD, pues su conocimiento, experiencia e implicación las otorga un altísimo valor. A nivel estatal el Consejo de Cooperación funciona de forma rutinaria sin verdadero impacto en las decisiones que luego se toman, y algo parecido puede decirse de los órganos de participación en la materia que funcionan en las comunidades autónomas. Es necesario que su papel sea mayor en el proceso de toma de decisiones y en particular en la definición de los planes directores de cooperación y su ejecución y seguimiento.
Por otro lado, la educación para el desarrollo debe ser reforzada, promoviendo la sensibilización, el conocimiento de la realidad global, el voluntariado y, en general, la participación de la ciudadanía en la cooperación.
En este país, tratar de corresponsabilizarse desde lo social de cualquier ámbito de la política pública se ha convertido en una labor no apta para cardíacos. El impago de las ayudas, la creciente burocratización de los procedimientos, lejos de mejorar la transparencia lastran enormemente la labor de las entidades. La connotación negativa que la sociedad asigna a cualquier actividad subvencionada desde lo público, y la posibilidad de que un procedimiento ordinario de revisión de una ayuda pueda ser sea narrado como un caso de corrupción hace de la labor de las entidades sociales un acto de heroicidad. ¿Qué piensan hacer para mejorar la transparencia y facilitar al mismo tiempo que las entidades sociales puedan ayudarles en el desarrollo de las políticas de las que ustedes serán responsables?
En primer lugar las administraciones deben pagar en plazo en todo caso, ya sean subvenciones a entidades o pagos a proveedores. Para ello, las medidas que citábamos más arriba de racionalización de la administración, que en Aragón haría pasar de cinco niveles administrativos a tres, eliminando diputaciones provinciales y comarcas, habrán de permitir una mayor dedicación de los recursos públicos a lo esencia de las cosas, en vez de perderse en burocracias innecesarias y gastos superfluos.
Las entidades sociales prestan un servicio ejemplar, pero no deben utilizarse como excusa para que los poderes públicos no hagan su trabajo. Los servicios sociales han de ser un derecho subjetivo a salvo de políticas de recortes y por tanto deben ser prioridad para las administraciones públicas.
No obstante, es cierto que hay servicios sociales y de cooperación al desarrollo que pueden prestarse indudablemente mejor desde el compromiso profesional a la vez que vocacional de una entidad social. Por ello, UPyD trabajará con las entidades sociales no solo en la prestación de servicios sino, mediante el diálogo, en el diseño de las mejores políticas sociales y de cooperación, y en particular en el marco de la estrategia de colaboración con las ONGD del vigente y del futuro plan director de cooperación.
¿Cree que la política de cooperación debe tener conexiones con la política migratoria? ¿Y con la comercial? ¿Deberían las administraciones públicas tener en cuenta la vulneración de los derechos humanos a la hora de pactar o hacer negocio con otros Estados?
La migración es un fenómeno humano. No es un problema ni es una actividad criminal. En UPyD pensamos que la inmigración no es mala a medio o largo plazo para nadie, pero la emigración cuando se ve forzada por causas económicas o de violencia sí es mala para las personas que la sufren y su flujo inmanejable fuera de la ordenación legal puede causar crisis humanas en el corto plazo. El papel de la cooperación es por tanto contribuir a eliminar las causas que fuerzan la emigración. Además la cooperación debe fomentar el codesarrollo, incentivando el papel de los inmigrantes en el desarrollo en sus países de orígenes.
La cooperación debe desligarse de objetivos comerciales, y lo que es más, como decíamos más arriba, debe existir la adecuada coherencia entre la cooperación y otras políticas como la comercial. Por ejemplo, los acuerdos de asociación económica de la Unión Europea con los países africanos para su acceso preferencial al mercado comunitario, son claves en el marco del desarrollo de África.
Somos firmes defensores de la aplicación de la “cláusula democrática” en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que no significa retirar la cooperación, sino trabajar activamente con los países receptores en promover la defensa de los derechos humanos en esos países y para motivarles y animarles a caminar por una senda que les lleve a la instauración y consolidación de una democracia efectiva.
